La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pidió al Gobierno implementar un plan de seguridad e informar sobre las acciones para garantizar la vida de más de 200 familias de exguerrilleros de las FARC que huyeron de Mesetas, en el departamento del Meta (centro), por amenazas de disidentes.

La JEP le dio además a varias instituciones del Gobierno "cinco días hábiles" para que entreguen a ese alto tribunal informes sobre "la ruta integral de emergencia ante situaciones de desplazamiento de personas en proceso de reincorporación, individual y colectiva incorporado al Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP)".

Además de medidas de seguridad también deben adoptar acciones en materia económica, asegurar el acceso a salud y a educación, medidas de "prevención de la estigmatización y una estrategia comunitaria y en dado caso de no tenerla, sea construida e implementada, en el término de diez días hábiles".

El partido Comunes, surgido de la desmovilización de la guerrilla, denunció el pasado 15 de marzo que unas 200 familias de excombatientes de las FARC que vivían en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Mesetas (Meta) tuvieron que huir de allí por amenazas de disidentes de las FARC.

Resultados de las luchas contra las desidencias

Igualmente, la JEP solicitó información relacionada con las condiciones de seguridad de los firmantes del acuerdo de paz de noviembre de 2016 a la Defensoría del Pueblo y los ministerios del Interior y Defensa.

Este último deberá presentar "los resultados de las operaciones e impacto del desmantelamiento de las organizaciones criminales en el Meta, y dar explicación detallada sobre el control de seguridad que tiene el campamento humanitario, así como las condiciones de seguridad que se tienen presupuestadas para el nuevo asentamiento".

La denuncia de Comunes se conoció en medio del anuncio del presidente colombiano, Gustavo Petro, de que como parte de su política de paz total abrirá una mesa de conversaciones con la disidencia de las FARC llamada Estado Mayor Central, grupo que según los excombatientes propició el desplazamiento.

A propósito de la implementación del acuerdo de paz, Petro se reunió por separado el miércoles pasado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, con el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y con el presidente de Comunes, Rodrigo Londoño.

El que fue el último comandante de las FARC y firmante con Santos del acuerdo de paz de 2016, valoró la disposición de Petro para atender los requerimientos de los excombatientes en diversos frentes, como la seguridad.

EFE